El Parlamento escocés aprobó el proyecto de ley “Servicios de aborto (zonas de acceso seguro)” con una abrumadora votación de 118 a 1, estableciendo zonas de amortiguamiento para evitar protestas y vigilias alrededor de las clínicas de aborto. Según el proyecto de ley, cualquier persona involucrada en actividades provida dentro de un radio de 200 metros de un hospital o centro de abortos escocés podría enfrentarse a multas de hasta 10.000 libras esterlinas.

La parlamentaria Gillian Mackay, diputada del Partido Verde, presentó el proyecto de ley. Expresó su satisfacción por el apoyo de todos los partidos y afirmó:

“La votación de hoy significa que nunca más se debe privar a una mujer de su dignidad, privacidad o emoción al decidir abortar. Consagra su derecho a hacerlo, y a hacerlo sin miedo ni intimidación”.

El proyecto de ley avanza ahora a la segunda fase, donde los comités parlamentarios discutirán y sugerirán cambios. En la tercera fase, toda la cámara votará sobre la legislación final.

Quienes se oponen al proyecto de ley, como Care for Scotland y la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos (SPUC), argumentan que la legislación podría infringir la libertad religiosa y la libertad de expresión, especialmente en lo que respecta a las oraciones silenciosas.

Una portavoz de Care for Scotland destacó que la policía ya tiene la capacidad de hacer frente a incidentes de abuso o acoso según las leyes existentes, afirmando que:

“Los datos policiales muestran que las actividades provida no implican el acoso que algunos activistas afirman que está ocurriendo”.

Michael Robinson, secretario general del SPUC, criticó el proyecto de ley calificándolo de “profundamente defectuoso” y acusó a los MSP de pisotear los derechos fundamentales:

“Los diputados han pisoteado al menos cuatro convenciones europeas de derechos humanos e introducido crímenes de pensamiento en la sociedad escocesa […] Este es, de hecho, un día oscuro en la historia de Escocia”.

El proyecto de ley pasa ahora a la segunda fase, donde las comisiones parlamentarias podrán sugerir cambios antes de la votación final. Las discusiones sobre las implicaciones para la libertad de expresión y la libertad religiosa seguirán siendo un punto central del debate, como informa Evangelical Focus.

Esta legislación coloca a Escocia en un camino similar al de otros países que ya han implementado zonas de acceso seguro alrededor de las clínicas de aborto, buscando equilibrar los derechos de las mujeres con las libertades civiles de expresión y religión. La decisión final del Parlamento en la tercera fase determinará el alcance y los detalles de las restricciones impuestas.

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